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 El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ha señalado en una 
carta que sería posible imaginar un escenario en el que el presidente 
estadounidense pudiera tener que autorizar al Ejército el uso de una 
"fuerza letal en el interior" del país, según ha informado este 
miércoles la cadena CNN.  "Es posible, supongo, 
imaginar una circunstancia extraordinaria por la cual sería necesario y 
apropiado bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos que el 
presidente autorizara al Ejército a usar una fuerza letal en el interior
 de Estados Unidos", ha declarado Holder, que ha dado como ejemplo 
de circunstancia extraordinaria el ataque de Pearl Harbor del 7 de 
diciembre de 1941 o el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de 
septiembre de 2011.  Estas declaraciones surgen como respuesta a
 una carta enviada por el senador republicano Rand Paul al nominado a 
director de la CIA, John Brennan, en la que le preguntaba sus puntos de 
vista sobre si "el presidente tiene el poder de autorizar el uso de una 
fuerza letal, como un ataque con 'drones', contra ciudadanos 
estadounidenses en suelo estadounidense y sin un juicio" previo. Sin
 embargo, el fiscal general ha destacado que "el Gobierno de Estados 
Unidos no ha llevado a cabo ataques con aviones no tripulados en Estados
 Unidos" y que tampoco "tiene intención de hacerlo". "Tenemos un 
largo historial en el uso del sistema judicial penal para incapacitar a 
los individuos que se encuentran en nuestro país y que suponen una 
amenaza para Estados Unidos y sus intereses en el extranjero", ha recordado.  "Puedo declarar de forma inequívoca que la agencia a la que he 
sido nominado a dirigir, la CIA, no lleva a cabo operaciones letales 
dentro de Estados Unidos, y tampoco tiene la autoridad para hacerlo", ha
 respondido Brennan al senador republicano en otra carta. "Si soy lo 
suficientemente afortunado como para ser confirmado director de la CIA, 
no tendría el 'poder' para autorizar tales operaciones", ha asegurado.  La Casa Blanca ha acordado suministrar documentos legales 
redactados por miembros del Departamento de Justicia en los que se 
expliquen las razones legales por las cuales los ciudadanos 
estadounidenses, que no vivan en el país y que estén implicados en 
actividades relacionadas con el terrorismo que amenacen al país o a sus 
intereses, podrían convertirse en objetivos de los ataques. 
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