Zaragoza recurrirá la orden que permite la prórroga de Garoña El Ayuntamiento considera que las consecuencias de un posible accidente, un atentado o un terremoto "podrían ser catastróficos en todo el valle del Ebro" 04.07.12 - 17:31 - EFE | ZARAGOZA El ayuntamiento de Zaragoza recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno de España de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Garoña, en funcionamiento desde 1969, hasta el año 2019 en lugar de hasta julio de 2013 como había decidido el anterior Ejecutivo central. El consistorio zaragozano ya ha comenzado a preparar la documentación necesaria para presentar un recurso ante los tribunales de Justicia contra la orden del Ministerio de Industria publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado por la que se anula la decisión del anterior Gobierno. Asimismo, el ayuntamiento elevará una queja a la Comisión de la Unión Europea para que exija a España las pruebas de estrés anunciadas por Bruselas y la anulación de esta decisión ministerial, informan fuentes municipales en una nota de prensa. El Ayuntamiento de Zaragoza considera que los riesgos y consecuencias que entrañan un posible accidente, un atentado terrorista o un simple terremoto "podrían ser catastróficos en todo el valle del Ebro". El ayuntamiento alude así a un estudio internacional elaborado por el Instituto Meteorológico de Austria, hecho público por la organización ecologista 'Greenpeace', en el que se afirma que la nube radiológica contaminaría de forma irreversible todo el valle, en el que viven 3,2 millones de personas, y especialmente las poblaciones de Vitoria, Bilbao, Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Se estima además que un accidente de las características del de Chernóbil o Fukushima (ambos del nivel 7) afectaría a más de 100.000 hectáreas de regadío y 85.000 kilómetros cuadrados, y no solo obligaría a desalojar a toda la población del entorno, sino que dañaría durante siglos unas tierras de gran valor agrícola y ganadero. Por otro lado, se considera que existe cierta desprotección ante los posibles daños y perjuicios causados a las personas afectadas ya que la compensación económica a la que estaría obligada la empresa "jamás pasaría de los 1.200 millones de euros", una cuantía que el Ayuntamiento de Zaragoza considera "insuficiente" puesto que el coste provisional del accidente de Japón asciende a 520.000 millones de euros. Para el consejero municipal de Medio Ambiente, Jerónimo Blasco, "prorrogar esta central es un riesgo inasumible desde el punto de vista ambiental, sanitario, económico y ético, por cuanto estaríamos hipotecando gravemente la vida de las próximas generaciones". Esta decisión del Gobierno de España, unida a la congelación de las ayudas a las energías renovables "van sin duda en la peor de las direcciones desde el punto de vista medioambiental y energético", ha subrayado Blasco, para quien la antigüedad y la obsolescencia de las instalaciones constituye "un grave y peligroso error".
